Las Victimas de Trata a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Victimas.

Rubén Darío Infante De Teresa

La Ley General de Trata esta en un análisis de eficacia como norma jurídica, ya que con independencia de sus reformas para mejorarla, involucra la coparticipación de otras normas jurídicas como factor coadyuvante como solución justa para las victimas u ofendidos.

Entendemos que el fenómeno delictivo de trata de personas afecta a millones de seres humanos, y que México no es la excepción, como sabemos las conductas desarrolladas por parte del agente activo del delito de trata son sancionadas por el legislador nacional en la Ley General, reparadas en forma por el flamante CNPP y de fondo por la Ley General de Victimas. Lo inmediato anterior es susceptible de debate por los pros y contras del éxito de los tres ordenamientos jurídicos anteriormente mencionados, ya que existen apasionadas argumentaciones de activistas de todo tipo por la negativa a la reforma de la Ley General de Trata en que según ellos implicaría un grave retroceso y vulneración a los derechos de las víctimas u ofendidos, está ultimo está lejos de lo que se dice. Ya que con independencia de la vigencia o reforma de la actual Ley General de Trata existen otros ordenamientos jurídicos vigentes satelitales que seguirían protegiendo a las víctimas, y en especial permiten una oportuna y adecuada persecución del delito de trata por parte del Estado Mexicano. Pese a todo veremos poco a poco como las victimas u ofendidos participaran de forma activa en el nuevo sistema de justicia penal mexicano.

La Ley General de Trata esta en un análisis de eficacia como norma jurídica, ya que con independencia de sus reformas para mejorarla, involucra la coparticipación de otras normas jurídicas como factor coadyuvante como solución justa para las victimas u ofendidos. Esto es que la progresiva entrada en vigor del código nacional de procedimientos penales contiene principios1 propios de todo Estado moderno y Democrático, así como derechos2 y valores3 que son consagrados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Estos dotan de una energía peculiar a las víctimas de todo delito que les permite protagonizar en diversas escenas públicas jurídicas el ejercicio del mecanismo4 que el Estado creo para reconocer a favor de estos sus valores trasgredidos de libertad y verdad.

Debemos recordar que cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 15 de noviembre del 2000 la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo5, y en que a la postre el Estado Mexicano formaría parte el 29 de septiembre del 2003, a su vez los participantes del sistema de justicia penal de nuestro País nos cuestionábamos el sistema de prevención de los delitos, la procuración de justicia, y del sistema penitenciario. Aquel sistema de justicia penal tenía un gran descontento de la sociedad, razón por la cual la sociedad civil planeo él como participar6 con el Estado (a través de diversos canales de cultura e integración jurídica y de procesos legales) para cambiar la perspectiva de justicia que tenia insatisfechos a la población, ya que las ineficiencias de sus métodos públicos administrativos transgredieron las instituciones básicas para todo Estado...y en especial a la población. De ahí que el Estado Mexicano decidiera el 18 junio del 2008 el transformar el rebasado y fracasado sistema de justicia penal por el desbordamiento de la demanda social de justicia a la oferta institucional de justicia ineficiente.

De manera similar al periodo de gestación de la Convención de Palermo y a la reforma constitucional de justicia penal del 2008 en que coexistieron momentos trascendentales a nivel nacional e internacional, el Legislativo Federal decidió definir sus obligaciones adquiridas como Estado parte de la Convención de Palermo7, a través de La Ley General de Trata8. En esta última se declara la prevención y combate eficaz a la trata de personas a través de la tipificación de los delitos enunciados, y de forma limitada menciona la reparación del daño de las víctimas.

El fenómeno del delito de la Trata evoluciona día a día y es por eso que el ordenamiento jurídico del día de hoy apuesta por dar la facilidad9 a las víctimas como agentes pasivos del delito de trata a que implementen un nuevo roll como víctimas en el nuevo sistema de justicia penal de nuestro país. Esto es que la calidad de participación en la protección de los derechos de libertad y en la procuración de obtener la verdad es cada vez más plausible por contar el Estado mexicano con las herramientas eficaces en nuestro ordenamiento jurídico para este delito y todos los demás.

El debate se debe focalizar en:
a) Prevención e inhibición eficaz del delito de Trata en todas sus modalidades; b) Protección y reincorporación oportuna de las victimas de Trata en la sociedad (NO revictimizar a las victimas u ofendidos); y c) Respeto al ejercicio de libertades de los seres humanos.

En primer momento lo anterior implica deducir que la trata es un acto previo que solo se puede manifestar a través de un medio de violencia para conseguir un fin de explotación. De esta forma las labores de inteligencia y los ojos de la sociedad civil realmente estarían focalizados en cómo este fenómeno evoluciona día a día y se deje de reprimir manifestaciones humanas en que se ejercen libertades10, esto a la luz de la implementación de juicios públicos y orales se protegerá los valores de libertad y verdad para todos los involucrados en una causa penal. En segundo momento es razonar que la delgada línea entre una conducta declarada delito por el legislador interno no lo pueda ser en el Estado colindante, esto preocupa, ya que en teoría debería de existir una coordinación entre los códigos penales aplicables (Si ya existe la unificación de criterios en materia adjetiva, porque no en materia sustantiva?) en toda la Republica en que permitirá entender con claridad y sencillez que se debe de entender por cada tipo penal, y no tanto por la abstracción de definiciones contenidas en una Ley General.

Un reto de vital importancia en el periodo del actual análisis de la Ley General es razonar que en México la Ley penal es de exacta aplicación11, de tal manera que llegamos a un punto clave y de igual trascendencia que lo anteriormente narrado, ya que la reforma de justicia penal del 2008 se concibe como una reforma tuteladora garantista a favor de las víctimas de los delitos y en protección de los derechos del imputado. Lo inmediato anterior permite que el nuevo protagonista tenga un fundamental éxito12 con las nuevas reglas del juego en que la configuración de los ordenamientos jurídicos aplicables procure reducir a su máxima expresión este fenómeno que agravia tanto al ser humano y se repare el daño a las víctimas de Trata.

Por la gravedad del delito de trata, y en relación con el CNPP forzosamente deberá ser examinado por un juez que invocara las herramientas jurídicas vigentes para ampliar de forma objetiva los derechos de las victimas u ofendidos. Se descarta el uso de mecanismos alternativos de solución de controversia siempre y cuando por objeto del esclarecimiento de los hechos se compruebe la grave existencia del delito de trata.
Los grilletes jurídicos de la cadena para proteger a las victimas u ofendidos fueron forjados con el ánimo de nunca retroceder en los derechos de protección, por lo cual rechazo tajantemente los dichos de activistas que por la protección de interés personales argumentan un grave retroceso a la Ley General de Trata si esta amplia el campo de protección para los seres humanos y ajusta la descripción del tipo penal de trata, y en especial la eficiencia jurídica de la misma Ley.

1. Publicidad, Contradicción, Continuidad, Concentración, Inmediación, Igualdad ante la Ley, Igualdad entre las partes, Juicio previo y Debido proceso, Presunción de inocencia, y Prohibición de doble enjuiciamiento.

2. Intimidad y privacidad, Justicia pronta, Defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, Informado de sus derechos, y Respeto a la libertad personal.

3. Libertad y Verdad.

4. http://www.setec.gob.mx/work/models/SETEC/Resource/66/1/images/abc[1].pdf

5. El cual está integrado por: A.- Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; B.- Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar, y Aire; y C.- Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Los tres anteriores fueron creados como normas jurídicas internacionales de marco con objeto de sancionar con el derecho interno de los Estados parte las conductas delictivas enunciadas mas no limitativas en la Convención, y en que lamentablemente nos da la impresión que no fue creado para proteger a víctimas de los mismos delitos, sino que lo fue con el objeto punitivo.

6. Todo Estado moderno y democrático procura un equilibrio de sus componentes y para sus componentes, de ello resulta necesario admitir que el País aprovecho la oportunidad histórica para evolucionar (apoyado por la sociedad civil) a un sistema de justicia penal que cumpliera con las demandas de prevención, procuración y sanción de los delitos. E incorporando principios administrativos públicos (Eficiencia, transparencia, eficacia, rendición de cuentas, oportunidad, economía, etc) en su infraestructura para sus participantes (Procuradurías/Fiscalías, integrantes del poder del judicial, defensores, etc) para impedir una vez más el fracaso al sistema de justicia penal o por lo menos hasta que la realidad histórica demande su evolución a otro que considere como justa solución a la realidad histórica.

7. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, articulo 2, inciso a); Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

9. Con la coexistencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Victimas.

10. Se propone reconocer de forma enunciativa en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la salud sexual, donde se reconozca como parte integrante de la salud de los seres humanos el ejercicio responsable de una sana sexualidad.

11. El tercer párrafo del artículo 14 Constitucional señala que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata. La redacción de los términos deben de ser claros, precios, exactos y no contradictorios. Este último concepto nos llama la atención porque si bien es cierto que se describe el concepto de una conducta sancionada por el legislador, también es cierto que si no se reúnen los tres elementos constitutivos esenciales de la a) actividad, b) medio, y c) propósito NO SE CONFIGURA EL DELITO de TRATA. En efecto así lo señala LITERALMENTE el artículo 13 de la Ley General.

12. Del artículo 108 al 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales se entiende que son derechos procesales de las victimas u ofendidos. Y en el artículo 7 al 78 de la Ley General de Victimas se identifican los derechos reintegradores y reparatorios del daño de las víctimas.

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